Por José Luis Arce

16 de julio, 2021

En los últimos meses se han presentado significativos avances en los esfuerzos por propiciar cambios a las reglas de fiscalidad a nivel mundial que conduzcan a corregir algunos de los incentivos perversos existentes en los esquemas de tributación sobre el ingreso de las corporaciones – especialmente de las grandes multinacionales – que se traducen en bajas tasas efectivas de impuestos pagados por ellas y en una competencia intensa entre jurisdicciones por reducir sus tasas impositivas con el fin de atraer inversiones, incluso aquellas que no son más que simples registros contables.

Dos son, al menos, los detonantes de estos cambios – que, para ser claros, se han venido gestando a nivel técnico desde hace bastantes años, pero no es hasta ahora, que las condiciones políticas y económicas se han prestado para su materialización – la necesidad de pensar en cómo restaurar la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales luego de las medidas de estímulo fiscal adoptadas por las economías avanzadas para enfrentar el shock pandémico y una creciente preocupación por la distribución del ingreso, en especial luego de que es cada vez más evidente que la inequidad y una estructura tributaria que no la corrige – o incluso la promueve – genera indignación y descontento en la ciudadanía y, por tanto, se ha convertido en un elemento que deteriora significativamente la gobernabilidad y la convivencia democrática.

De esta forma, la idea de un impuesto mínimo global sobre las grandes corporaciones con operaciones transfronterizas y de reglas que asocien más estrechamente la tributación sobre las ganancias de las firmas con el lugar geográfico en que son generadas – y por lo tanto, menos, con el sitio en que son registradas contablemente – y, especialmente, que se esté más cerca un acuerdo internacional que permita una acción coordinada al respecto, abre para países como Costa Rica, oportunidades valiosas de replantearse internamente dos temas cruciales: la propia estructura de su fiscalidad y la naturaleza de las políticas de atracción de inversiones.

En el primer caso, los cambios a nivel internacional podrían crear espacios para modificar la carga tributaria de los sectores exportadores que disfrutan de exoneraciones totales de la tributación sobre el ingreso. Esos recursos que se allegarían a las arcas públicas podrían emplearse, inicialmente para restaurar más rápidamente la sostenibilidad fiscal, logrado lo cual – y mediante un compromiso político firme – podrían permitir ajustar la carga tributaria para el resto de las empresas, en
especial, las micro, pequeñas y medianas y avanzar en la sustitución de la financiación de la seguridad social a través de impuestos sobre el trabajo.

Estos cambios, evidentemente, deberán hacerse simultáneamente con otras modificaciones clave: el aumento en la tributación sobre la propiedad, la riqueza y el ingreso personal, los ajustes en las tasas de impuestos indirectos para acercarlos a las tasas medias internacionales y, las modificaciones necesarias en los incentivos que la fiscalidad genera en el ámbito de transformación productiva y descarbonización.

Juntos estos cambios significarían no sólo tornar más realista la presión tributaria para hacerla más congruente con lo que la ciudadanía demanda del Estado y que se refleja en los presupuestos públicos, sino que los ajustes mejorarían los incentivos, el impacto distributivo y los costos en eficiencia de la imposición.

En el caso de las políticas de atracción de inversiones los espacios para los cambios significativos son enormes. Se trataría de pasar de un enfoque de promoción del país como destino de inversiones basado en exoneraciones tributarias, ventajas comparativas comerciales estáticas y decisiones unilaterales de relocalización productiva de las firmas multinacionales a uno en donde los espacios para promover inversión extranjera – y también el desarrollo del tejido empresarial local que las acompañe – esté basado en el potencial que la transformación productiva tiene en el mediano y largo plazos, así con otros objetivos como el desarrollo territorial, los aspectos medioambientales y los sociales; y acompañado por esquemas de incentivos que se preocupen por estos temas.

Las oportunidades que todos estos cambios posibles abren son enormes. Que Costa Rica sepa aprovecharlas depende, principalmente, de que los grupos políticos y de interés actúen madura y responsablemente, dejando de convertir la fiscalidad, la promoción de exportaciones y atracción de inversiones y las políticas de desarrollo productivo en el campo de batalla para disputas tribales, campañas de tierra arrasada y de suma cero, sin sentido, que por desconfianza mutua y deseos de venganza entre los diferentes bandos, terminan secuestrando las políticas públicas e impidiendo avances significativos en bienestar.