Por José Luis Arce

18 de junio, 2021

Las refriegas han dado comienzo, con la mira puesta en las elecciones de febrero y el inevitable balotaje de abril del año entrante; y tristemente como se temía, con ellas empiezan a perfilarse algunos peligrosos comportamientos electorales en actores de una importancia trascendental para temas cruciales en discusión actualmente en el Legislativo, como es el caso del ajuste en las finanzas gubernamentales.

En los últimos días líderes y aspirantes presidenciales de los principales partidos políticos – Figueres del PLN, Ramos y González del PAC, Muñoz del PUSC y Villalta del Frente Amplio – han enviado mensajes cargados de una preocupante mezcla de ignorancia, oportunismo electoral, de ausencia de alternativas reales a lo que dicen objetar y del peso desproporcionado de interés específicos de sus constituencies en relación con el proceso de ajuste en las finanzas gubernamentales en el marco del convenio negociado entre el Ejecutivo y el FMI.

En medio de una campaña electoral que se anticipa particularmente cruenta, cargada de superficialidad, populismo e incluso falsedad, los mensajes que puedan generar incertidumbre al poner en duda el compromiso de las fuerzas políticas en el Legislativo en torno a la agenda de ajuste fiscal convenida con el FMI hacen un flaco favor a la estabilidad macroeconómica y constituyen, ciertamente, un comportamiento poco racional de quienes aspiren a formar gobierno a partir de mayo del próximo año.

Porque, por una parte, es fundamental un golpe rápido de timón a las finanzas gubernamentales – a los ingresos tributarios y al gasto – que permitan enfrentar el deterioro a la sostenibilidad de la deuda provocado por los déficits extraordinarios asociados con el shock pandémico. Como se ha dicho hasta la saciedad, esto permitiría, junto con los efectos de las reformas de diciembre de 2018 – la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas – y la recuperación paulatina que se está observando en la actividad económica, aplanar la curva de la razón deuda-producto en el transcurso de los próximos años, algo trascendental para mejorar la confianza y, con ella, las condiciones crediticias del Gobierno, pero también, de los hogares y las empresas.

Como si esta razón no fuera suficiente, el otro elemento crucial por el cual es necesario avanzar con lo pactado con el FMI es garantizar financiamiento externo multilateral, algo imposible de lograr sin el acuerdo. Esto por múltiples razones, primero, porque los préstamos externos aliviarían la presión que la financiación del déficit gubernamental puede generar en el mercado local en especial cuando se presente la ansiada recuperación del crédito al sector privado; en segundo lugar, porque las condiciones de esos empréstitos – tasas de interés y plazos – permiten mejorar el perfil de la deuda y alcanzar más rápidamente su sostenibilidad – con las mejoras en términos de calificación crediticia y por tanto condiciones de acceso a crédito de los sectores públicos y privados – y, por último, porque estos desembolsos permitirían reconstituir las reservas monetarias internacionales en poder del BCCR, algo que es clave para el adecuado funcionamiento del mecanismo con el que la autoridad monetaria maneja la demanda de divisas de las empresas públicas y, por tanto, clave para la estabilidad de los mercados de divisas.

Es importante destacar, además, que el convenio con el FMI contiene además componentes estructurales como la Ley Marco de Empleo Público, acciones en materia competitividad y productividad y, aún más importante, en materia de acciones y apoyo a las medidas de política pública asociadas con el cambio climático (adaptación, resiliencia y transformación productiva) y a las estrategias territoriales de largo plazo. Todos estos componentes son herramientas útiles para la acción y la financiación de muchas de las propuestas que los mismos partidos políticos han planteado de manera, hasta ahora, muy superficial, además de ser ciertamente la clave para superar muchos de los obstáculos que impiden aspirar a un desarrollo económico con sustentabilidad, inclusión social y resiliencia.

Quizás si los aspirantes a liderar el próximo gobierno se tomaran la molestia de entender el contenido y la relevancia – incluso para su propio interés, como es el caso de iniciar su administración con menores sobresaltos y con parte del camino ya andado – de a lo que dicen oponerse o pretender modificar, sus mensajes serían más responsables y, también quizás, responderían con menos oportunismo e intereses particulares en detrimento de los colectivos a los enormes retos que tiene enfrente el país.

Aún estamos a tiempo de enfrentar con responsabilidad y realismo no sólo la campaña electoral, sino sobre todo las acciones que se deben ejecutar en los próximos meses, ojalá que una política de confrontación y cálculo electoral sin sentido no conduzca a perder más tiempo o, en la peor de las pesadillas, a que el inicio de la nueva administración esté marcado por la inestabilidad que, en todos lo planos, no sólo el económico, una crisis genera.