Por José Luis Arce

6 de noviembre, 2020

La situación que atraviesan las finanzas gubernamentales es crítica y, además, muy compleja. Acometer el ajuste requerirá de claridad acerca de la naturaleza del problema y, principalmente, de un esfuerzo político notable.

Lo primero supone entender la coyuntura fiscal actual como dos problemas relacionados, pero que requieren acciones específicas para resolverlos: el déficit y los requerimientos de financiamiento del Gobierno Central.

El impacto de la crisis sanitaria sobre la recaudación tributaria y los presupuestos públicos deterioró, de nuevo, el déficit y los indicadores de sostenibilidad de la deuda gubernamental. Como consecuencia, se requiere de un esfuerzo de ajuste adicional que, por la naturaleza del shock, podría abordarse mediante un conjunto de acciones temporales que, de manera oportuna y suficiente, reduzcan el déficit primario.

Pero esto resuelve sólo una parte de los problemas, pues al mismo tiempo, la combinación de déficits altos y persistentes debido a la elevada y costosa deuda gubernamental y fuertes amortizaciones conducen a elevados requerimientos de financiamiento.

Esta circunstancia torna crucial el acceso al crédito externo pues de otra manera no sólo la presión sobre el mercado local de capitales terminaría siendo muy intensa y deterioraría aún más las condiciones crediticias internas, sino que constituiría una fuente de tensión financiera debido a las dudas acerca de la capacidad de obtener, a tiempo, el financiamiento que se requiere.

Por esta razón, aunque ciertamente el ajuste podría diseñarse en ausencia de un convenio con el FMI; hacerlo de esta manera no garantiza que las condiciones de acceso a financiamiento mejoren con la rapidez necesaria para satisfacer los requerimientos de recursos.

En este sentido, el acuerdo con el FMI es clave no sólo por la credibilidad que aporta al proceso de consolidación fiscal, sino que, principalmente, porque es la llave para conseguir los recursos externos de bajo costo que permitirían superar este trance.

En segundo término, diseñar un espacio que conduzca a los acuerdos necesarios entre Ejecutivo, grupos políticos y de interés en torno a la naturaleza del ajuste es fundamental.
Más allá de la aritmética presupuestaria, algo relativamente sencillo de entender, los principales escollos por superar son la irresponsabilidad, la inmadurez y las incongruencias que dominan la política y el cabildeo locales.

Hacerlo emitiría señales claras y consistentes del compromiso de los actores políticos con un programa de ajuste creíble y oportuno, que no se constituya en un fin en sí mismo, que distribuya las cargas de manera equitativa y que proteja a los más vulnerables y, que durante su diseño y construcción, se eviten mensajes que puedan alimentar la hoguera de las dudas y la desconfianza de los mercados.

Un buen punto de partida lo constituiría un acuerdo entre el Ejecutivo y las fuerzas legislativas en torno a una agenda de consolidación fiscal integral que permita avanzar de manera coherente en los diferentes aspectos que contemplaría el proceso de ajuste: las medidas de reducción del déficit primario, las acciones de protección de los más vulnerables, los ajustes a los presupuestos públicos, las autorizaciones legislativas para los créditos externos incluyendo el que se negociaría con el FMI y, finalmente, el conjunto de medidas estructurales en materia de gasto y gobernanza fiscales que complementan las acciones emprendidas en 2018.

La constitución de un amplio y sólido bloque de fuerzas políticas y sociales en torno a una agenda comprensiva de consolidación fiscal derivaría muchos beneficios: transmitiría señales de compromiso con el ajuste, contribuiría a poner a raya las ocurrencias de corte populista tan frecuentes hoy y, además, ante el proceso electoral que se avecina, podría crear los espacios para que los temas estructurales realmente importantes tomen el papel protagónico en lugar de las disputas tribales y las mentiras convertidas en promesas electorales.